DESALOJOS
VIOLENTOS
DENUNCIA
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Redacción
Latitud Periódico
1º
de diciembre del 2010
El
19 de noviembre del corriente año, en el despacho Nº
118 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires se informa sobre la denuncia penal a los policías
que procedieron a un desalojo donde se empleó la fuerza
en forma más que violenta.
Los
problemas sucedidos en dicho desalojo están encuadrados
como vejaciones, apremios ilegales y otros tipos de formas coercitivas
empleadas para con los pobladores del asentamiento ubicado en
avenida Vélez Sarsfield y las vías del ferrocarril,
esto es la villa 21, 24, los atropellos fueron llevados adelante
por parte del personal de la División Roca de la Policía
Federal Argentina el pasado 10 de noviembre.
Y
sostienen: Las personas que residían en ese predio manifestaron
ante la Defensoría del Pueblo porteña haber sido
víctimas de violencia y abuso por parte de los efectivos
de la Policía Federal que intervinieron en el desalojo.
Los numerosos testimonios recibidos se refirieron a la brutalidad
en el accionar de los policías, a la falta de uniforme
o identificación de la mayoría de ellos y a la
portación visible y uso de picanas eléctricas.
En
cuanto a la orden de desalojo y demolición de las viviendas
sostienen: Por otro lado, la orden de desalojo y demolición
de las viviendas en el mismo procedimiento no fue comunicada
con la anticipación necesaria a las familias afectadas
para que puedan resguardar sus bienes. Según las declaraciones
obtenidas, los efectivos policiales irrumpieron en el lugar
y retiraron sin el más mínimo cuidado todos los
elementos que se encontraban dentro de las casillas, tiraron
abajo las viviendas con palas mecánicas y luego cargaron
lo colectado en una formación del ferrocarril.
Se presentó una denuncia penal presentada por Alicia
Pierini, Defensora del Pueblo donde señala que “estamos
frente a la criminalización de la usurpación y
desalojo compulsivo por medio de la violencia, apremios ilegales,
topadoras y picana”, y que: “El Estado debe adoptar
las medidas acertadas para proveer de seguridad a quienes viven
en los asentamientos urbanos”. A raíz de estos
actos de violencia que también sufrieron mujeres con
sus bebés en brazos, se destaca que “los niños
y adolescentes constituyen un grupo que debe ser protegido especialmente
ante situaciones como las denunciadas”.
El
titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
número 2, Dr. Carlos Bentolila, fue quien ordenó
el allanamiento del predio para restituir el terreno a la empresa
Ferrosur S.A, concluyen.
FUENTES:
Defensoría del Pueblo y propias.
Caracteres:
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