FISCALÍA
DE LA PLATA
PASARON
7 AÑOS Y HAY 17 PISTAS Y MÁS DE 5 MILLONES DE
LLAMADAS TELEFÓNICAS
Por
Elena Luz González Bazán especial para Latitud
Periódico
19
de septiembre del 2013
La
desaparición de Julio López, cumple 7 años
y en tal sentido hay un informe especial. En tal sentido, la
fiscalía de La Plata realizó un informe sobre
las tareas de investigación, en el cual sostiene la necesidad
de que otra fuerza de seguridad se sume a la pesquisa.
Luego
de tantos años de no saber nada, resulta que hay cinco
millones de llamadas telefónicas y 17 pistas que se siguen
para ¨encontrar a Jorge Julio López¨
Estos millones de llamadas se realizaron en zonas aledañas
al domicilio de López entre el 17 y el 18 de septiembre
del 2006, tareas de las cuales se puedan desprender elementos
para averiguar su paradero y el de los responsables de la desaparición.
Se
sostiene que: Este trabajo "genera expectativas reales
y concretas de obtener resultados, tanto por el nuevo análisis
de las pistas subsistentes como también por la investigación
dirigida sobre las personas sospechadas conforme el flujo de
comunicaciones existente al momento de la desaparición
de Jorge Julio López", señala la Unidad Fiscal
de La Plata en un informe remitido a la Procuraduría
de Crímenes contra la Humanidad, en el que también
se refiere la necesidad de que una nueva fuerza de seguridad
se sume a las tareas investigativas que ya realizan las policías
Federal y de Seguridad Aeroportuaria.
PISTAS
Y LLAMADAS TELEFÓNICAS
Afirman
que la tarea de análisis de los llamados telefónicas
es lo que insumió más tiempo. Se descartaron 34
pistas que ya no se siguen, fueron cerradas y estas 17 actuales
son las analizadas en la actualidad.
Esta
información fue detallada por el fiscal general a cargo
de la Unidad Fiscal platense, Rodolfo Marcelo Molina, en un
informe remitido al titular de la Procuraduría de Crímenes
contra la Humanidad, Jorge Auat, en el que se describe el derrotero
histórico de la causa y, principalmente, las tareas realizadas
por el Ministerio Público Fiscal desde el 18 de septiembre
del 2009, cuando quedó a cargo de la dirección
de la investigación. Se trata de la misma fiscalía
que interviene desde el 2002 en todas las instancias en los
procesos por crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción,
con lo cual el caso López se sumó a la ya por
entonces enorme tarea vinculada a la tramitación de las
causas por los delitos del terrorismo de Estado.
CASO
LÓPEZ Y LA POLICÍA FEDERAL
En
el informe se refiere que, en la causa, la mayor parte de las
tareas investigativas están a cargo de la denominada
"Comisión caso López" de la Policía
Federal Argentina, a la cual se le ha proporcionado una copia
digitalizada del expediente "instándola a examinar
todas las pistas obrantes en la causa, con la expectativa de
que con su nuevo estudio se elaboraran y reconsideraran propuestas
de investigación". En ese sentido, indica el informe,
la Policía "comenzó a efectuar las tareas
encomendadas por la fiscalía; todo lo cual se visualiza
en la sugerencia de nuevas medidas de prueba, sea con el fin
de profundizar ciertas hipótesis investigativas, para
evacuarlas simplemente, o para concluir con las mismas, desechándolas".
La Unidad Fiscal señala que "si bien la tarea encomendada
se está llevando a cabo debidamente por la Policía
Federal Argentina, la misma resulta poco ágil dado el
escaso personal involucrado en este trabajo".
Cruces
telefónicos y de fuerzas de seguridad
El
análisis de los entrecruzamientos telefónicos
se vio demorado tras el apartamiento, en el 2008, de la Policía
bonaerense. La fuerza provincial utilizaba para esa tarea un
software denominado VAIC, pero la Policía Federal y la
de Seguridad Aeroportuaria, que comenzaron a intervenir con
mayor injerencia tras la salida de la bonaerense, operaban con
el programa informático I2.
De
tal forma, se inició un largo proceso de migración
de los datos para operar con el nuevo software. "Fue menester
entonces recuperar tanto el 'crudo' de la información
aportada por las compañías telefónicas
a la Policía Bonaerense, como los consecuentes análisis,
informes remitidos por las empresas telefónicas directamente
al Juzgado, todo lo que junto con la información sobreviviente
fue incorporándose paulatinamente al nuevo sistema",
explica la Unidad Fiscal, y advierte que "para esta tarea,
la digitalización del expediente efectuada por la Procuración
General de la Nación resultó substancial".
En ese sentido, la Unidad Fiscal refiere que se reunió
"la información recopilada en torno a cada sospechado,
todo número de abonado telefónico fijo y móvil
habilitado a su nombre durante septiembre del 2006, y toda comunicación
entrante y saliente vinculada a su respecto en aquel período;
así, en cada hipótesis". La dependencia platense
del Ministerio Público Fiscal advierte que en cada caso
se investiga a más de un individuo y que cada uno, en
general, posee más de un teléfono.
La
reunión de esa información también fue
complicada. Las distintas operadoras telefónicas demoraron
meses en responder y el representante legal de una compañía
celular hasta debió ser intimado y convocado a la oficina
de la fiscalía para que cumpliera con el pedido.
Pero
la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria no
trabajaron juntas. Cuando la PSA logró procesar toda
la información a mediados del 2011, la Federal no había
concluido de cargar los datos en el sistema I2.
Fue en este contexto que por decisión del Ministerio
de Seguridad de la Nación dejó de actuar la PSA.
La Unidad Fiscal puntualiza en su informe que esa determinación
"aparejó numerosos inconvenientes" porque además
de la "pérdida de colaboración por parte
de una fuerza criteriosa al momento de investigar como la PSA,
quedó demorado el curso de la investigación".
La
Unidad Fiscal señala que, de tal forma, debió
requerir a la fuerza aeroportuaria toda la información
que tenía para remitirla a la Federal. Recién
en marzo del 2012 la Policía Federal terminó de
cargar los datos, pero una vez que ello ocurrió empezó
con inconvenientes técnicos que no le permitían
operar el sistema.
La
vuelta de la PSA
En
este contexto, la Unidad Fiscal le solicitó al Ministerio
de Seguridad de la Nación que regrese a esas tareas a
la PSA. El 1° de noviembre del año pasado esa fuerza
se reintegró a la causa para realizar sólo las
diligencias relacionadas con los entrecruzamientos telefónicos.
Cuatro
semanas después, la PSA remitió un informe producido
por el Departamento de Inteligencia Criminal Aeroportuaria "detallando
cómo se componía la base de datos operada mediante
el Aplicativo I2". Esa base de datos se estructura en campos
que registran la fecha de comunicación, la duración,
la celda, y los abonados de origen y de destino, con la titularidad
y el domicilio. Cada dato surge de diferentes antenas o centrales
telefónicas y suman en total más de cinco millones
de llamadas. Precisamente, 5.009.777.
En
este estado, refiere la fiscalía, el 27 de agosto pasado
requirió el entrecruzamiento de los llamados realizados
por los sospechosos investigados en tres legajos diferentes
con "las comunicaciones efectuadas el día de la
desaparición de López en la franja de 7.00 a 11.00
horas".
"Se
vislumbra que la labor planteada resultará prolongada
en el tiempo, precisando de los mayores esfuerzos de esta Unidad,
no sólo por la previsión de numerosas reuniones
de exploración. Sino también, porque a la vez,
un análisis exhaustivo genera expectativas reales y concretas
de obtener resultados, tanto por el nuevo análisis de
las pistas subsistentes como también por la investigación
dirigida sobre las personas sospechadas conforme el flujo de
comunicaciones existente al momento de la desaparición
de Jorge Julio López. De allí que los eventuales
vínculos que puedan surgir entre personas ya sospechadas,
y el caudal de comunicaciones antes referido, podría
devenir en indicios de gran valor probatorio, al permitir 'situar'
a aquellos en el lugar y momento de los hechos", precisa
el informe de la Unidad.
Etchecolatz
y otras pistas
Por
otra parte, la Unidad Fiscal agrega que, por fuera de la causa
judicial sobre la segunda desaparición de Jorge Julio
López, ha procurado la detención de todos los
funcionarios policiales denunciados en los cuatro testimonios
judiciales que brindó el testigo entre 1999 y 2006. Ello
se logró recién en agosto del año pasado,
aunque algunos imputados oportunamente por López lograron
la libertad porque se les dictó falta de mérito.
Por otro lado, la fiscalía informa que en otro de los
legajos realiza tareas destinadas a localizar en el país
a una persona que -de acuerdo con información recogida-
podría aportar elementos a la causa.
La
representación del Ministerio Público Fiscal agrega
que en la causa hubo "sucesivas presentaciones del condenado
Miguel Osvaldo Etchecolatz", quien solicitó declarar
porque, según dijo, "tenía información
y prueba para aportar". Pero Etchecolatz no declaró
nunca, porque en varias oportunidades se negó a ser trasladado.
Así, se le sugirió que vertiera sus manifestaciones
por escrito pero sólo aportó información
que ya había sido publicada por los medios.
Finalmente,
otra de las investigaciones en curso tiene en foco a un ex integrante
del Ejército, cuyos antecedentes están siendo
estudiados con información requerida al Ministerio de
Defensa, pero, indica la fiscalía, "los resultados
aun no se han completado, dado que los envíos de legajos
-desde la cartera ministerial y desde el Ejército- se
efectúan de manera esporádica". La Unidad
Fiscal refiere que "no ha podido acelerar la tarea pese
a los insistentes reclamos" porque sobre todo ha quedado
"a merced de los tiempos que la mencionada institución
castrense (el Ejército) imprime, con la preocupación
que esto entraña".
El volumen y la historia
La
causa que tramitó ante la justicia provincial cuenta
con cuatro cuerpos principales y cuarenta cuerpos de anexos.
En tanto, la investigación federal se compone de 42 cuerpos
principales, a los que a la fecha se le agregan 57 legajos,
"en los que se persigue una hipótesis investigativa
autónoma en cada uno de ellos, y 64 anexos integrados
principalmente por transcripciones de intervenciones telefónicas;
legajos y anexos que a su vez se distribuyen en otros tantos
y numerosos cuerpos de actuaciones que han sido y siguen siendo
analizados por esta Fiscalía, sin hacer mención
de las hipótesis perseguidas en la causa principal".
De
los 57 legajos con pistas de investigación, 34 ya fueron
cerrados, dado que "se han logrado evacuar la totalidad
de diligencias de prueba posibles" sin llegar a un resultado
positivo. De los 23 restantes, hay, actualmente, 17 legajos
abiertos con pistas autónomas de investigación.
Ese número surge de de "la acumulación de
algunos de ellos, la remisión (de otros) a otras jurisdicciones
por cuestiones de competencia", como también porque
"se han hecho las denuncias correspondientes en los casos
de encontrar irregularidades, que amén de constituir
presuntos delitos autónomos, han logrado en algún
punto obstruir o entorpecer la investigación, poniendo
en peligro así la pesquisa".
El
expediente tuvo su origen el mismo día de la desaparición
de López, el día 18 de septiembre del año
2006, y la investigación de los hechos estuvo, en el
comienzo, a cargo de la justicia provincial de La Plata con
la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción
Nº 3 del Departamento Judicial de La Plata.
El
14 de diciembre del 2006, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación hizo lugar a la solicitud de la Unidad Fiscal
de La Plata y dispuso que la investigación quedara a
cargo del juzgado federal. Así, la causa quedó
radicada en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, cuyo titular
era por entonces Arnaldo Corazza.
Hasta
el año 2008 la Policía bonaerense actuó
en la causa como principal encargada de llevar a cabo las tareas
investigativas, hasta que la Cámara Federal de La Plata
ordenó su apartamiento de esa función y calificó
los hechos que afectaron a López como "desaparición
forzada".
La delegación de la causa en la Unidad Fiscal ocurrió
luego de que se inhibiera Corazza, y que remitiera las actuaciones
a su par, Manuel Humberto Blanco, a cargo del Juzgado Federal
Nº 1 de la capital bonaerense. Blanco resolvió delegar
en la fiscalía la dirección de la investigación
en los términos del artículo 196 del Código
Procesal Penal de la Nación, que otorga discrecionalidad
a los jueces de instrucción para delegar las investigaciones
en el Ministerio Público o continuar ellos mismos con
la dirección del proceso.
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