LA
ANULACIÓN DE LOS DELICTIVOS CONTRATOS PETROLEROS FIRMADOS
POR EL PRESIDENTE FRONDIZI
Por
la Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz
especial para Latitud Periódico
28
de enero del 2014. Actualizado el 28 de junio del 2016
El pasado 15 de noviembre se cumplieron 50 años del dictado
de los Decretos 744 y 745 de 1963, mediante los cuales el Presidente
Arturo Illia daba cumplimiento a su promesa electoral, ajustada
a la Plataforma de su partido, la UCRP, en lo que constituyó
uno de los actos más trascendentes de nuestra historia
solamente equiparable a la creación de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (Y.P.F.) en 1922 por parte de Hipólito Yrigoyen,
a la anulación de los miles de concesiones y permisos
dispuesta por Marcelo T. de Alvear en 1924 y su entrega a Y.P.F.,
a la inauguración a través de Alvear y Enrique
Mosconi de la Destilería de La Plata en 1925, a la “toma”
vía precios del mercado de los combustibles líquidos
ordenada por Yrigoyen y dispuesta por Mosconi en 1929 y también
a la denuncia de elevada a la Comisión de Valores de
los Estados Unidos –Security and Exchange Commision (SEC),
en 1992, por el Presidente de la Convención Nacional
de la UCR, Osvaldo Álvarez Guerrero, sobre irregularidades
insalvables en la materialización de la entrega de YPF
SA al capital privado, que motivaron que el citado organismo
de control obligara a incluir en el respectivo Libro de Oferta
Pública, la decisión del máximo organismo
partidario de revisar la legalidad del proceso privatizador;
es decir, que los poseedores de acciones de la empresa están
sujetos a la revisión del proceso privatista por parte
de un eventual gobierno de la UCR.
Halperín Donghi en su obra “Argentina en el Callejón”
describe la situación en que Arturo Illia se consagra
presidente con el 34 % de los votos válidos emitidos
–tal como se cuentan actualmente- y donde en el gobierno
títere de Guido, los militares azules fracasaron en la
conformación de un frente petrolero, donde uno de los
candidatos era Carlos Pérez Companc, inspirado en la
acción de Rogelio Frigerio. Al igual que en 1928, el
petróleo ocupó el centro del debate. Illia tenía
el antecedente de haber derrotado al peronismo en Córdoba
en 1962, en las mismas elecciones en que el peronista Andrés
Framini triunfó en la provincia de Buenos Aires.
En el informe especial se detalla lo siguiente:
1.- El Informe Especial detalla la esencia de los contratos:
irregularidades de todo tipo, falacias en el “cuento”
del autoabastecimiento, ignorancia de la situación internacional
que auguraban un gran aumento del precio internacional, utilizado
en la firma de los contratos, etc.… Es necesario destacar
que el aumento de la producción producido, no se logró
con los contratos sino con el Plan de Reactivación de
Y.P.F. aprobado por el Presidente Provisional Aramburu mediante
el Decreto-Ley nº 15.026/56, que fuera confeccionado por
los mejores técnicos energéticos del país
(radicales, peronistas, comunistas, independientes, …tales
como Julio V. Canessa, Antulio Pozzio, Carlos Alconada Aramburú,
Conrado Storani, Alejandro Clara, Juan Sábato, Adolfo
Silenzi de Stagni, Jorge del Río,…) que hubiese
permitido lograr el autoabastecimiento total en 1961. Todos
los citados se habían opuesto en 1954 al ignominioso
contrato celebrado por Juan Perón con la Standard Oil
de California.
2.- Además del texto de los decretos 744/63 y 745/63,
el adjunto contiene la Resolución de la Comisión
creada por el Decreto 744/63, integrada el Secretario de Energía
(Antulio Pozzio), el Procurador de Tesoro (Amílcar Mercader)
y el Presidente de Y.P.F. (Facundo Suárez), donde se
resuelve continuar con las investigaciones encaradas por la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
e iniciar acciones administrativas y judiciales para recuperar
todos los daños que hayan sufrido tanto Y.P.F. como el
Estado Nacional. De estas actuaciones y de las derivadas de
la Cámara de Diputados de la Nación se inician
la respectiva acción judicial, que comprendía,
entre otros, a Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio y Arturo Sábato.
Esa acción del gobierno de la UCRP marca una substancial
diferencia con el accionar del peronismo gobernante, donde,
a pesar de enunciar la recuperación de la soberanía
hidrocarburífera y esencialmente de YPF SA y de confeccionar
informes lapidarios sobre el accionar de la petrolera bajo la
gestión de Repsol (informe Mosconi, por ejemplo) no se
ha iniciado ninguna acción judicial al respecto, aun
cuando las violaciones a las leyes comerciales y penales son
más que evidentes. Queda clara la diferencia entre un
gobierno impoluto y el actual donde la complicidad de las autoridades
actuantes en irregularidades de todo tipo son más que
evidentes; caso Esquenazi, por ejemplo.
3- El Fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, nombrada
por el dictador Onganía, obliga a señalar:
a) Arturo Frondizi – el único presidente de origen
radical que asumió pobre y salió desarrollista
y rico- agravió a sus votantes haciendo todo lo contrario
a sus promesas de campaña: gobernó bajo la vigencia
del estado de sitio y de la Ley Conintes, aplicó torturas,
entregó el petróleo a las multinacionales, comenzó
la destrucción del los ferrocarriles y de las redes urbanas
de tranvías y trolebuses, entregó a los ganaderos
del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre desalojando
a los trabajadores bajo una feroz represión, etc..;
b ) en 1958, al igual que sucede en la actualidad, sus planes
requerían de una justicia complaciente y para ello procedió
a designar a la totalidad de los jueces de la Nación,
al contrario que Illia, que respetó a todos aquellos
que tenían acuerdo del Senado;
c) el Informe sobre los contratos petroleros de la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas y de la Comisión
Investigadora de la Cámara de Diputados, fue rechazado
en primera instancia por un Juez frondizista (Insaurralde) y
se encaminaba a la condena en la Cámara de Apelaciones
pertinente, tanto de Frondizi como de Rogelio Frigerio y Arturo
Sábato; d) Illia le rechazó a Frondizi el indulto
que este le solicitó (en la obra teatral “Illia”
se aprecia esta circunstancia), y esta fue una de las causas
del apoyo de Frondizi al golpe de Onganía; producido
éste, la Revolución Argentina cambió todos
los jueces y dejó prescribir el expediente condenatorio,
pero, los camaristas firmantes del fallo, señalan la
vigencia de la prescripción , pero indicando que, en
primera instancia se habían cometido los siguientes delitos:
usurpación de autoridad, violación de los deberes
de funcionarios públicos, cohecho, negociaciones incompatibles
con el ejercicio de funciones públicas y concusión.
4.- Alfonsín cometió el error –del que posteriormente
se arrepintió- de incorporar a su gabinete a Rodolfo
Terragno, a quien, acertadamente, Moreau llama “Terreengaño”.
Votante de Luder en 1983 a pesar de la diferencia consistente
en aceptar o no la autodenominada Ley de Auto amnistía
de Bignone. No sólo es un acérrimo desarrollista,
sino que se digna, en sus propias palabras y citando al padre
de los contratos desarrollistas, Rogelio Frigerio, en el prólogo
del libro de Jack Anderson “Medio Oriente: los traficantes
del petróleo, afirmar falsamente que se pagaron indemnizaciones,
que se perdió el autoabastecimiento, que se favoreció
a la Esso y la Shell y “que la anulación fue un
acto de “nacionalismo vacío”.
Su
salida del gobierno de Alfonsín se debió a que
designó en Y.P.F. a Arturo Sábato, a quien Illia
consideraba uno de los máximos responsables de los delictivos
contratos frondizistas que, como señalé, hubiera
sido legalmente condenado, tanto como a la firma de un decreto
desregulador más liberal que los nacidos del menemismo
y a la propuesta del llamado Petroplán, repudiado unánimemente
por la H. Convención Nacional de la UCR.
5.- Los decretos anulatorios fueron confeccionados por Carlos
Alconada Aramburú, Adolfo Silenzi de Stagni, Antulio
Pozzio, Acdel Salas, y Juan Sábato, y firmado por la
totalidad de los miembros del Gabinete Nacional. No se perdió
ningún juicio ni se pagaron indemnizaciones.
6.- Antes las gestiones tendientes a evitar la anulación,
realizadas por el Director de Clarín Roberto Noble, ante
el Presidente John Kennedy, éste habló con Illia
y envió como delegado personal a uno de los políticos
más destacados de los EEUU, Averel Harriman, que había
acompañado a Franklin D. Roosevelt en Yalta. Kennedy
les dijo a los petroleros americanos que Illia había
obrado dentro de sus facultades y que las quejas las tenían
que plantear ante la justicia argentina, que era independiente.
Este trabajo fue enviado por Gustavo A. Calleja, Presidente
de la Fundación, en noviembre del 2013.
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