COMUNICADO
LEIDO EN EL ACTO DE LOS 31 MESES
Producción
de Latitud Periódico
25
de septiembre del 2014
A
los 31 meses de la Tragedia de Once producida el 22 de febrero
del 2012
En
este momento, deberíamos estar preparándonos para
iniciar otra jornada de debate de un juicio que comenzó
hace ya seis meses, y en el que tenemos puestas todas nuestras
esperanzas.
Pero, en los últimos días de la semana pasada,
fuimos notificados por el Tribunal Oral Federal número
2, que tiene a cargo el juzgamiento de los procesados, la decisión
de... suspender momentáneamente las audiencias, debido
a los graves incidentes sucedidos en la sala de los Tribunales
de Comodoro Py 2002. En un comunicado, los señores jueces
señalan: “A raíz de los graves sucesos acaecidos
en las audiencias de los días lunes y martes pasados,
este tribunal ordenó la formación del correspondiente
incidente a los fines de evaluar las responsabilidades emergentes
respecto de los Dres. Mariano Fragueiro Frías y Gregorio
Jorge Dalbón.”
El Dr. Dalbón es titular de la querella número
1, es decir, defiende a familiares de víctimas de la
tragedia, mientras que el doctor Fragueiro Frías es defensor
de los procesados Roque Cirigliano y de Pedro Rainieri, ambos
ex gerentes de TBA. Con mucho orgullo, podemos decir que ninguno
de nuestros representantes legales se ha visto envuelto, ni
en esa, ni en ninguna otra situación de esas características
en ninguna audiencia desde que se inició este juicio.
Nuestros abogados tienen la capacidad necesaria, nuestros mismos
intereses, pero por sobre todo nuestra misma entereza y ética
personal para enfrentar este proceso histórico sin armar
vergonzosos hechos en el recinto. Hoy, al cumplirse 31 meses
de aquella mañana de febrero de 2012, queremos renovar
nuestra confianza en los señores jueces, apoyando y subrayando
la importancia de la decisión tomada. Es una clara muestra
de autoridad, y también de respeto al hecho que nos convoca.
Los doctores Tassara, Gimenez Uriburu, y Gorini saben de la
importancia de lo que se está juzgando y los familiares
que componemos este grupo, junto a nuestros abogados, los hemos
respetado y acompañado desde el primer día. Por
eso, esperamos que su resolución llegue lo antes posible,
ya que es de nuestro interés que los debates retomen
su desarrollo a la brevedad. Esperamos que estos días
que vienen, sirvan para que el tribunal tome las medidas disciplinarias
que correspondan y que caigan con toda dureza y firmeza sobre
aquellos que intentan hacer del desarrollo del debate un escenario
para polémicas que no sirven para nada. Porque además,
actitudes como esas, que se han reiterado hacia los jueces y
hacia nosotros, no hacen otra cosa que faltar el respeto a nuestro
dolor y a toda la sociedad. Y terminar con eso, será
un gran paso hacia el esclarecimiento de lo ocurrido el 22 de
febrero de 2012.
Está claro que hay varios abogados que, además
de sus roles en la Sala, tienen objetivos que no están
tan claros. No son pocos los letrados que han intentado, desde
el primer día, todo tipo de acciones para que este debate
se dilate, se enturbie o se convierta en un show. Atacan a este
grupo permanentemente en sus declaraciones. Dicen abiertamente
cosas tan ridículas, absurdas, y sin ninguna prueba como
que nos complotamos con medios de comunicación para socavar
al Gobierno Nacional. Han pedido que se nos desaloje del sector
asignado al público.
Dicen que nuestros humildes carteles “condicionan emocionalmente”
a los procesados. ¿Qué nos queda entonces a nosotros?
Es muy difícil explicar lo que se siente cuando cruzamos
las miradas con los Cirigliano, con Schiavi, o con cualquiera
de los otros procesados. Nuestro único consuelo para
reponernos de esos pequeños instantes en los que miramos
de frente a quienes consideramos los responsables de tanta tristeza,
es que los vemos sentados frente a los jueces. Pero muchos de
sus representantes legales han hecho todo tipo de cosas para
socavar nuestra integridad emocional. Saben que sin nosotros
apoyando e impulsando esta causa desde el primer día,
todo sería más fácil. Porque su objetivo
final esta en las antípodas del nuestra búsqueda
por justicia. Lejos de esta última, cada vez que han
podido, han intentado maniobras para que las audiencias no logren
el objetivo de aclarar las responsabilidades en la muerte de
nuestros familiares. Buscan la impunidad de quienes nosotros
consideramos responsables de tanta muerte evitable. Y eso esta
muy claro. Tan claro, como el hecho de que acá no hay
ni perseguidos, ni intimidados. Las únicas víctimas
en todo esto son los 52 que pagaron con su vida el abandono
empresarial y estatal, somos quienes los extrañamos cada
minuto de nuestras vidas junto al pueblo que nos acompaña.
Nadie más tiene el derecho a sentirse víctima.
Absolutamente nadie. Y vamos a impedir cualquier intento en
ese sentido. Que nadie quiera ponerse en un lugar que no le
corresponde. Los procesados están ahí porque la
justicia lo decidió y nosotros en nuestro lugar de lucha
porque es un compromiso de verdad, de memoria, de justicia y
de amor. Estaremos denunciando fuertemente cualquier tipo de
ataque al proceso judicial vigente, cualquier intento de detenerlo,
de postergarlo, o de truncarlo.
La Justicia nos tuvo a su lado siempre, y eso no será
modificado por quienes intentan desvirtuar, con intereses absolutamente
espurios, el juicio que se está llevando adelante. La
sociedad necesita fuertes signos para que renazca la esperanza
en la justicia de este país. Y esperamos que los próximos
días sirvan para que ese sentimiento se fortalezca.
Este 18 de septiembre se han cumplido 18 meses del Inicio de
Juicio Oral y público. Hasta la fecha hubo 42 audiencias.
Queremos recordar algo de todo lo vivido: todos los imputados
que declararon negaron su responsabilidad, y pretenden que la
explicación del choque se limite al día 22 de
febrero, sin que se analicen las causas que motivaron la tragedia
en relación con el estado de los trenes y el servicio.
Luego comenzaron los testimonios de una treintena de testigos
sobrevivientes de la tragedia, pasajeros ellos del tren chapa
16. Le narraron al Tribunal Oral Federal Nro. 2 las terribles
condiciones en las que viajaron muchos años antes del
desastre, sin que se modificaran en lo más mínimo.
Quedó probado que ese tren no tuvo control de pasajeros,
que excedían su capacidad de carga, que circuló
siempre con problemas de frenado, tanto que en dos estaciones
“se pasó” y lo que es mas grave, que ante
el impacto cedió actuando como una trampa mortal, que
la chapa aprisionó a los pasajeros siendo ésta
la principal causa de las muertes. Quedó probado que
las mismas, en su mayoría, fueron posteriores al impacto,
y que podrían haberse evitado si el tren no cedía
en su estructura y si no se producía el “acaballamiento”
del vagón 2 sobre el 1 y del 4 sobre el 3.
Fue terrible escuchar al Dr. Crescenti, titular del SAME, contar
que la asfixia por aplastamientos se torna irreversible en 45
minutos, y a la vez escuchar que las demoras para la extracción
de heridos demoraron hasta 4 horas sacando al primer sobreviviente
recién a las 2 horas del impacto.
En base a testimonios de diferentes profesionales consideramos
probado que el motorman Marcos Córdoba estaba lúcido,
ubicado en tiempo y lugar y consciente de los hechos en los
momentos inmediatos posteriores a la colisión y que su
sangre no arrojó rastros de alcohol ni otra sustancia
prohibida.
Los testimonios de médicos de TBA sirvieron para probar
que la firma, no controlaba a los maquinistas al iniciar su
tarea diaria, que no le realizaba controles sorpresivos, que
no se analizaban situaciones de riegos ni stress, y que el control
era sólo uno, anual y muy superfluo.
También declararon técnicos de la firma, encargados
de distintas áreas que han ilustrado sobre el funcionamiento
de las formaciones, quedando probado que nada en TBA se hacía
como correspondía, de acuerdo a lo que había estipulado
el Fabricante de los coches TOSHIBA, allá por el año
1957. Mas allá de las numerosas irregularidades en situaciones
de seguridad y frenos (ningún tren circulaba con repuestos
originales y todos ellos con al menos 2 compresores por debajo
de la cantidad requerida) quedó probado que los trenes
como el chapa 16 tuvieron su última revisión general
en el año 1997, esto es 17 años antes de la tragedia.
Sólo esta mención alcanza para tener una idea
del estado de las chapas de esos coches.
Mas allá de que la parte contable aun no se encuentra
en tratamiento, se está probando como TBA tercerizaba
sin sentido tareas que podía realizar con su propio personal,
como reparaciones, monitoreos, etc. todas ellas a un costo superior
al de mercado, en firmas propiedad del grupo Cirigliano y desde
las propias Oficinas de TBA en Retiro u Once.
A la fecha han declarado más de 100 testigos, las defensas
han desistido de unos 30, y restan declarar 150 testigos más.
Las pericias contables existentes a la fecha, prueban el derroche
del abundante dinero recibido en subsidios, el destino irregular
de los mismos, la existencia de un entramado empresarial para
concretar ese fin y la complacencia de las autoridades al respecto.
Confiamos en que los testimonios que estamos por escuchar, no
sólo confirmarán sino que probarán definitivamente
esas situaciones y que si el dinero hubiese sido usado correctamente,
la tragedia no hubiese ocurrido.
Por todo lo dicho, estamos cada vez más convencidos que
los procesados tendrán, tarde o temprano, un lugar asegurado
tras las rejas.
Sin embargo parece que el Gobierno Nacional no piensa lo mismo,
y ha mantenido o reforzado sus vínculos con los procesados.
Y decir esto no es atentar contra el gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner, es, simplemente, decir la verdad. Y eso les molesta.
El nombramiento de Eduardo Sícaro como colaborador del
Subsecretario de Gestión administrativa del Transporte
dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación,
Gerardo Otero, no hace otra cosa que remarcar lo que desde un
primer momento hemos señalado: que los vínculos
entre el Poder Ejecutivo y los procesados por la Tragedia de
Once se mantienen intactos. Sícaro, ex interventor de
la CNRT al momento de la masacre anunciada de Once, vuelve a
trabajar para el Gobierno Nacional, traído de la mano,
una vez más, por el ministro de Interior y Transporte,
Florencio Randazzo. Consultado telefónicamente por un
programa radial, el funcionario señaló, entre
otras cosas:
"Tenemos que ser serios para no condenar a alguien antes
de tiempo"...."Es absolutamente injusto y una hijaputez
que cuando alguien tiene un proceso por una tragedia se lo condena
a que haya que sacarlo de la sociedad, cambiemos la Constitución
entonces. No tiene un cargo público, colabora con un
funcionario"
Si bien Randazzo no hizo alusión directa a este grupo,
ni a lo que algunos integrantes del mismo dijimos públicamente,
nos es necesario manifestar, como principales impulsores al
rechazo de este nombramiento, que hemos sido, somos y seremos
respetuosos de la Constitución y de cada una de las leyes
de este país.
Somos los primeros en defender los pasos de la Justicia, sus
tiempos y cada una de sus normas. Y de ningún modo creemos
que haya que sacar a nadie de la sociedad ni condenarlo a no
trabajar. Somos gente bien nacida, y a pesar de nuestro dolor
jamás hemos tenido en nuestra boca un insulto ni un agravio.
Por ello sostenemos que la expresión "hijaputez"
proferida por el ministro es impropia de su cargo, y merece
todo nuestro repudio. Y no importa a quién se la dirigió.
Como si con ese exabrupto no alcanzara, con un marcado cinismo
señaló que el procesado es colaborador y no funcionario,
como si su desempeño no se diese de igual manera en un
área del Estado argentino.
Agrava esta situación el hecho de que esta siendo juzgado
por incumplimientos graves en la misma área adonde ahora
vuelve a trabajar. Pero Randazzo parece no haberse enterado.
Tenemos la firme convicción sobre su responsabilidad
en la muerte de nuestros familiares, pero será el tribunal
el que finalmente dé el veredicto. Lo que Randazzo no
entiende, o no quiere entender, es que nosotros, y una gran
parte de la sociedad, repudiamos que el gobierno sostenga sus
lazos con los procesados. Sícaro tiene todo su derecho
a trabajar, pero no podemos entender que el Gobierno le de lugar
para ello.
No se trata de condenar de antemano, sino de que el Gobierno
muestre claros signos de imparcialidad a una sociedad que necesita
y espera un fallo ejemplificador sobre lo ocurrido en Once.
Si no lo hace, sencillamente es porque no quiere. Nos es muy
difícil creer que el cargo de asesor que Randazzo le
otorga a Sícaro no pueda ser llevado a cabo idóneamente
por una persona que esté limpia sospechas e investigaciones.
Sencillamente, es una decisión personal del ministro
estar de su lado para protegerlo y remarcar que es un hombre
de su confianza. Y confirma, de esa manera, que va a respaldarlo
cuantas veces sea necesario. Así lo entendemos, y por
eso lo denunciamos.
Tampoco se tomó el tiempo para dar la orden de que el
tren de la tragedia de Castelar no esté expuesto a la
vista de todos en las cercanías de los talleres de dicha
localidad. Le recordamos que en esa unidad, y durante su gestión
Sr. Ministro, murieron tres inocentes. Tenga la delicadeza de
que ese lugar de muerte no siga expuesto a quienes pasamos por
allí diariamente.
Para respaldar a procesados, o para iniciar causas penales contra
los trabajadores ferroviarios, tildando de “atentado”
un incidente que además no esta probado, está
hecho a medida. Pero no tiene la misma celeridad para solucionar
la crítica situación laboral de los 450 trabajadores
de las empresas Emprendimientos Ferroviarios y Tatsa, abandonados
por los Cirigliano.
Contrariamente a lo que consideramos que debería suceder,
estos últimos tienen otro aliado dentro del Gobierno
Nacional: el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano
Recalde. Hace unos días confirmamos, que nuestra aerolínea
de bandera mantiene sus lazos comerciales con una firma que
pertenece a los hermanos Cirigliano. En un convenio entre empresas,
gratifica a quienes utilicen los servicios de la empresa de
buses de lujo Red Coach en la ciudad de Miami, otorgándole
millas para su uso. Esta es una de las empresas que los ex concesionarios
de la línea Sarmiento poseen en el exterior. Es difícil
creer que no existan empresas similares para sostener esos convenios.
No es una cuestión judicial, ya que lo hecho por Randazzo
o por Recalde no esta prohibido. El debate es ético y
los funcionarios deciden no darlo. Actúan a espaldas
de los ciudadanos, pensando que no vamos a enterarnos, o que
no nos importa, o que no vamos a denunciarlo. Se equivocan.
Otra vez, decisiones políticas y económicas son
tomadas deliberadamente en favor de aquellos que nunca dejaron
de ser sus socios. Sícaro, Cirigliano. Dos apellidos
que para nosotros significan muerte y dolor, para el Gobierno
Nacional, por el contrario, son sinónimos de lo mismo
de siempre: amiguismo, complicidad y negocios.
Son muchos los motivos que nos reúnen cada 22. El principal
es el dolor. Pero también están la solidaridad,
nuestra hermandad, y el compromiso con la verdad. Por eso no
vamos a callarnos nunca ni vamos a dejar de señalar los
ataques a la búsqueda de justicia. No vamos a ser cómplices
de los encubrimientos ni de los pactos en los despachos. Acá
nos van a encontrar siempre, llorando al lado de estos 52 corazones,
pero con la convicción y la firmeza necesarias para ver
a los procesados presos, purgando sus culpas por las muertes
causadas. Muchas gracias.
JUSTICIA
PARA LOS MUERTOS Y HERIDOS DE ONCE
FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS VICTIMAS DE LA TRAGEDIA DE ONCE
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